Protección jurídica de la Salud en el Ordenamiento Nacional.

1º Jornada «Derecho a la Salud», organizada por el CVSP Nodo Argentina, la Sala de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de Córdoba y la Escuela de Salud Pública y Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas–UNC. La misma se llevó a cabo el día 4 de diciembre del corriente año en el Salón Rojo de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud FCM-UNC. La jornada contó con la presencia de Profesionales de la Salud, Profesionales del Derecho, alumnos de postgrado de las Carreras de Ciencias Médicas, Derecho y Ciencias Sociales y público en general. Conferencia dictada por la Prof. Dra. Viviana Perracini. Directora de la Sala de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de Córdoba. Profesora Especialista en Salud UNC y US21

Gestión de la accesibilidad y derecho a la salud

Relaciona el acceso a los servcios de salud y los usuarios. Plantea la necesidad de comprender la dinámica de los elementos implicados en el acceso a la asistencia sanitaria tales como las desigualdades y la equidad en salud, la vulnerabilidad de ciertos grupos, los factores determinantes de su salud y las dimensiones del acceso a los servicios

Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia

Ponencia presentada en el seminario internacional “El derecho a la salud en Colombia y la reforma al sistema de salud”, que promovió la Facultad Nacional de Salud Pública el 9 y 10 de marzo de 2005 en Medellín. La ley 100 no es más que una de las expresiones de la política pública que afecta la salud. Aunque la noción de política pública es todavía objeto de controversia entre los expertos, los enfoques predominantes en la literatura técnica han sido el producto de una corriente institucionalista heredera de la revolución francesa y la ideología liberal, que cree en el Estado como instancia de concertación de los asuntos públicos y como espacio apropiado para el contrato social. La corriente institucionalista define las políticas públicas como las grandes decisiones que el Estado impone al colectivo en relación con un asunto público y que se expresan en la asignación de los recursos. Pese a su difusión y aceptación, este enfoque tiene problemas para dar cuenta de la realidad, pues las grandes decisiones que definen los asuntos públicos no siempre se encuentran de forma explícita en las acciones del Estado y con frecuencia son impuestas por actores privados, directamente o a través del Estado.