ABSTRACT
La reforma del sector salud en Colombia en 1993 se fundamentó en el paradigma defendido internacionalmente de la privatización de los servicios de atención médica. Teniendo en cuenta la falta de evidencia empírica en la aplicación de este concepto en los países en desarrollo y la experiencia documentada de fracasos en otros países, Colombia trató de superar estos problemas a través de un modelo teóricamente sólido pero, a la vez, complicado. Después de 10 años de la implementación de la Ley 100, una revisión de la literatura muestra que los objetivos propuestos de cobertura universal y acceso equitativo a atención de alta calidad no se han logrado. A pesar de un gran aumento en los costos y un incremento considerable en los gastos públicos y privados en salud más del 40% de la población aún no está cubierto por la seguridad en salud y el acceso a la atención médica es cada vez más difícil. Además, indicadores claves de salud y programas de control de enfermedades han desmejorado. Estas conclusiones confirman los resultados en otros países de ingresos medios y bajos. Los autores sugieren que la explicación radica en la ineficiencia de la subcontratación con terceros, la débil capacidad económica, técnica y política del gobierno colombiano para regular y controlar y la ausencia de participación real de los pobres en la toma de decisiones sobre políticas de salud.
The reform of the Colombian health sector in 1993 was founded on the internationally advocated paradigm of privatization of health care delivery. Taking into account the lack of empirical evidence for the applicability of this concept to developing countries and the documented experience of failures in other countries, Colombia tried to overcome these problems by a theoretically sound, although complicated, model. Some ten years after the implementation of "Law 100," a review of the literature shows that the proposed goals of universal coverage and equitable access to high-quality care have not been reached. Despite an explosion in costs and a considerable increase in public and private health expenditure, more than 40 percent of the population is still not covered by health insurance, and access to health care proves uncreasingly difficult. Furthermore, key health indicators and disease control programs have deteriorated. These findings confirm the results in other middle- and low-income countries. The authors suggest the explanation lies in the inefficiency of contracting-out, the weak economic, technical, and political capacity of the Colombian government for regulation and control, and the absence of real participation of the poor in decision-making on (health) policies.