ABSTRACT
La definición explícita de prioridades en intervenciones de salud representa una oportunidad para México de equilibrar la presión y la complejidad de una transición epidemiológica avanzada, con políticas basadas en evidencias generadas por la inquietud de cómo optimizar el uso de los recursos escasos para mejorar la salud de la población. La experiencia mexicana en la definición de prioridades describe cómo los enfoques analíticos estandarizados en la toma de decisiones, principalmente los de análisis de la carga de la enfermedad y de costo-efectividad, se combinan con otros criterios -tales como dar respuesta a las expectativas legítimas no médicas de los pacientes y asegurar un financiamiento justo para los hogares-, para diseñar e implementar un grupo de tres paquetes diferenciados de intervenciones de salud. Éste es un proceso clave dentro de un conjunto más amplio de elementos de reforma dirigidos a extender el aseguramiento en salud, especialmente a los pobres. Las implicaciones más relevantes en el ámbito de políticas públicas incluyen lecciones sobre el uso de las herramientas analíticas disponibles y probadas para definir prioridades nacionales de salud; la utilidad de resultados que definan prioridades para guiar el desarrollo de capacidades a largo plazo; la importancia de favorecer un enfoque para institucionalizar el análisis ex-ante de costo-efectividad; y la necesidad del fortalecimiento de la capacidad técnica local como un elemento esencial para equilibrar los argumentos sobre maximización de la salud con criterios no relacionados con la salud en el marco de un ejercicio sistemático y transparente.
Explicit priority setting presents Mexico with the opportunity to match the pressure and complexity of an advancing epidemiological transition with evidence-based policies driven by a fundamental concern for how to make the best use of scarce resources to improve population health. The Mexican priority-setting experience describes how standardised analytical approaches to decision making, mainly burden of disease and cost-effectiveness analyses, combine with other criteria -eg, being responsive to the legitimate non-health expectations of patients and ensuring fair financing across households- to design and implement a set of three differentiated health intervention packages. This process is a key element of a wider set of reform components aimed at extending health insurance, especially to the poor. The most relevant policy implications include lessons on the use of available and proven analytical tools to set national health priorities, the usefulness of priority-setting results to guide long-term capacity development, the importance of favouring an institutionalised approach to cost-effectiveness analysis, and the need for local technical capacity strengthening as an essential step to balance health-maximising arguments and other non-health criteria in a transparent and systematic process.