ABSTRACT
RESUMEN La utilización de la vía judicial para asegurar y garantizar el acceso a insumos médicos constituye una de las estrategias más efectivas para asegurar el cumplimiento (o remediar la violación) del derecho a la salud, a menudo en relación con otros derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida o a la integridad física. De manera más frecuente y en múltiples contextos nacionales, jueces y cortes respaldan las demandas inter-puestas por particulares que necesitan acceso inmediato a tecnologías sanitarias. En muchas ocasiones, las sentencias que obligan al Estado y a sus instituciones a garantizar el suministro de un producto determinado no toman en consideración las razones aducidas por el Estado para no suministrarlo que pueden variar desde cálculos de costeefectividad a procesos de evaluación, planificación y ejecución de políticas públicas. La utilización y abuso de procedimientos judiciales por terceras partes interesadas amenaza la legitimidad de un instrumento que ha contribuido, sin lugar a dudas, a fortalecer la participación de la ciudadanía en la defensa de sus derechos, incluido el derecho a la salud. El presente documento pretende contextualizar la evolución del fenómeno en relación con aquellos instrumentos, mecanismos y procedimientos que suelen utilizar las autoridades sanitarias para racionalizar el acceso a tecnologías sanitarias. Además, se sugieren pasos a seguir tanto en el ámbito nacional como regional.
ABSTRACT Use of litigation to ensure and guarantee access to medical inputs constitutes one of the most effective strategies to ensure observance (or remedy the violation) of the right to health, often in relation to other fundamental human rights such as the right to life or to bodily integrity. More frequently, and in multiple national contexts, judges and courts support lawsuits filed by individuals who need immediate access to health technologies. On many occasions, the rulings that force the State and its institutions to guarantee the supply of a given product do not take into account the reasons the State gives for not providing it, which can range from cost-effectiveness calculations and evaluation, to public policy planning and implementation. Use and abuse of legal proceedings by interested third parties threaten the legitimacy of an instrument that has contributed, without a doubt, to strengthening public engagement in the defense of people's rights, including the right to health. This document is an attempt to provide a context for the evolution of this phenomenon with regard to the instruments, mechanisms, and procedures commonly used by health authorities to efficiently organize access to health technologies. In addition, steps to follow are suggested for both national and regional settings.
RESUMO A utilização da via judicial para assegurar e garantir o acesso a insumos médicos é uma das estratégias mais efetivas para o cumprimento (ou remediar o descumprimento) do direito à saúde, frequentemente relacionado a outros direitos humanos fundamentais como o direito à vida ou direito à integridade física. Com frequência e em diversos contextos nacionais, juízes e tribunais dão respaldo aos recursos apresentados por indivíduos particulares que precisam ter acesso imediato a tecnologias em saúde. Em várias ocasiões, as sentenças que obrigam o Estado e suas instituições a garantir a provisão de determinado produto não levam em consideração as razões alegadas para a não provisão, de cálculos de custo-efetividade a processos de avaliação, planejamento e execução de políticas públicas. O uso e o abuso de recursos judiciais por terceiros interessados ameaçam a legitimidade de um instrumento que vem indubitavelmente contribuindo para fortalecer a participação dos cidadãos na defesa dos próprios direitos, inclusive o direito à saúde. O presente documento tem o intuito de contextualizar a evolução do fenômeno da judicialização quanto aos instrumentos, mecanismos e procedimentos normalmente usados pelas autoridades sanitárias para racionalizar o acesso a tecnologias em saúde. É feita recomendação sobre os passos a serem seguidos ao nível nacional e regional.
Subject(s)
Health's Judicialization/policies , Access to Essential Medicines and Health Technologies , Health Information Systems/organization & administrationABSTRACT
Los laboratorios públicos productores de vacunas de América Latina y el Caribe han contribuido en diferente grado al control y a la erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación y varios están produciendo las vacunas que se aplican rutinariamente en los programas nacionales de inmunización, como la vacuna antituberculosa (a base del bacilo de Calmette-Guérin, BCG), la vacuna contra difteria-tétanos-pertussis (DTP), el toxoide tetánico (TT), la vacuna antisarampionosa y la vacuna antipoliomielítica oral. Gracias a los adelantos científicos recientes, se prevé un aumento importante del número de vacunas seguras y eficaces que estarán disponibles en un futuro cercano para uso en los programas normales de vacunación. Sin embargo, los gastos asociados con el desarrollo de estas vacunas y con los derechos de propiedad intelectual que las protegen son cuantiosos. Además, pocos laboratorios en América Latina poseen la capacidad técnica para investigar y elaborar estas vacunas. Tales factores tendrán un impacto en la celeridad con que se incorporarán en los esquemas de vacunación de los países de la Región. En la actualidad, los laboratorios públicos productores de vacunas de la Región no están capacitados para competir en este nuevo contexto y corren el riesgo de ser desplazados del mercado por completo. De ahí la necesidad de que cambien radicalmente su manejo gerencial y su capacidad científicotécnica, lo cual exige que los gobiernos se comprometan a mejorar y fortalecer aquellos aspectos políticos y financieros que garanticen la participación de los laboratorios nacionales en el suministro sostenible de vacunas a los programas de vacunación, así como en la investigación, desarrollo y producción de vacunas nuevas