ABSTRACT
En el año 1993 se promulga en Chile, la Ley Nº19.253 o Ley Indígena, con el espíritu de promover el respeto, la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas. Esta ley señala que "es deber de la sociedad y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades". El estado reconoce que los indígenas en Chile son descendientes de agrupaciones humanas precolombinas que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias donde la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura. En este contexto el Estado comienza un proceso de validación de la problemática indígena y la implementación de medidas tendientes al abordaje de la situación indígena en nuestro país, desde la construcción de políticas sociales específicas. Se reconoce que los pueblos indígenas han sido fuertemente discriminados dentro de la sociedad nacional, por ello, se inicia una política de acción que procure una igualdad real, por sobre la igualdad jurídica o formal, reconociendo en esto un imperativo ético. Como sector del estado, salud lleva años de trabajo intentando avanzar en la pertinencia de las políticas públicas hacia el mundo indígena, bajo un marco de principios donde se reconoce la diversidad cultural, el derecho a la participación los derechos políticos de los indígenas. En este escenario la reforma de salud recoge estos planteamientos y enfatiza la interculturalidad en salud como parte de las grandes tareas a desarrollar en Salud Pública y en la Red Asistencial de Servicios de Salud. A partir de 1996 se formula el Programa de Salud y Pueblos Indígenas, y en septiembre del año 2001, nace el Programa Orígenes, que en una primera fase centra su acción en 642 comunidades indígenas de las regiones I, II, VIII, IX y X, abarcando un total aproximado de 24.500 beneficiarios directos en 44 comunas de alta densidad de población indígena.