ABSTRACT
En la Argentina, la creciente regulación de profesión de la licenciatura en obstetricia en las últimas décadas ha tenido varios efectos, siendo uno de los más prominentes la disparidad entre las jurisdicciones del país, tanto para el ejercicio de la profesión como para la atención que pueden recibir usuarias que requieren servicios de salud reproductiva en todo su ciclo vital. Asimismo, dado que los estándares normativos de protección de derechos humanos han variado y algunas prácticas fueron ganando estatus de legalidad Ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica en 2006³, Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia en 2020, las normas que regulan las incumbencias han quedado en muchos casos desactualizadas. Por ello es necesario promover la armonización normativa para asegurar que las reglas que aplican al ejercicio profesional en toda la Argentina, estén en sintonía con la evidencia disponible y las recomendaciones internacionales para este fin, de forma que se pueda aprovechar todo el potencial de esta profesión para promover y atender la salud sexual y reproductiva de la población y lograr la cobertura universal. Con base en el análisis de las regulaciones vigentes en el país y los proyectos de ley nacional que se han presentado y discutido en las dos cámaras del Congreso nacional, se elabora este documento de recomendaciones para la evaluación de proyectos de ley de regulación de las competencias profesionales de la obstetricia.
Subject(s)
Humans , Female , Professional Practice , Professional Training , Obstetrics/education , Argentina , Reproductive HealthABSTRACT
El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNyA) es una de las vulneraciones más graves de derechos contra la niñez y adolescencia y constituye un problema social, de salud y de justicia La magnitud del problema se ve en los números. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que las denuncias por violencia sexual representaron un 10% del total de las denuncias recibidas durante el 2019. En los casos de violencia sexual contra NNyA el porcentaje asciende a un 12%. En esta misma línea, del total de los casos que atendió el Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, el 56,82% de los casos eran de NNyA1 (10.043 niñas, niños y adolescentes). Por otro lado, han ocurrido avances no sólo legislativos sino también institucionales y de gestión para mejorar el abordaje en estas situaciones, que incorporen de manera concreta procedimientos para proteger los derechos y la igualdad de género. Se cuenta, en este sentido, con protocolos de salud e intersectoriales, tanto a nivel nacional como provincial, que establecen estándares de atención para casos de abusos contra NNyA. Sin embargo, a partir de nuestra investigación2 constatamos que no existía un protocolo que permita estandarizar la articulación entre la actividad forense y clínico-asistencial, para la recolección, resguardo, preservación y cadena de custodia de evidencia biológica. El presente protocolo busca establecer criterios de trabajo y una metodología consensuada en materia probatoria respecto de los delitos sexuales contra NNyA. Fija estándares adecuados para la recolección, resguardo y preservación de la evidencia biológica, y enfatiza la importancia de que la toma de muestras se haga en forma oportuna en el marco de un abordaje integral de la situación, para así evitar la revictimización. Este protocolo modelo considera distintos escenarios según los recursos humanos y materiales disponibles en el lugar de la evaluación, y describe las condiciones mínimas para garantizar una evaluación adecuada que incluya el resguardo de la evidencia. En este sentido, este protocolo modelo pretende destacar la importancia de la participación del sector salud en articulación con el sector judicial, pues es usual que las víctimas llegan primero al ámbito asistencial sanitario y, por lo tanto, se requiere dar una respuesta estructurada en tres ejes esenciales: eficiencia, evitar la revictimización y el resguardo, cadena de custodia y documentacion de las muestras. De esta forma, se pretende dotar a todo el examen inicial de una visión asistencial que también pueda ser eficiente desde el punto de vista pericial.