ABSTRACT
En América Latina tres principios rigen tradicionalmente la asignación de recursos para la salud: 1) el principio del poder adquisitivo (que se cumple con la atención privada); 2) el principio del mérito reconocido (que se cumple con las instituciones de la seguridad social), y 3) el principio de la pobreza (que se cumple con las instituciones de asistencia pública a grupos indigentes). Con objeto de imponer un equilibrio entre estos principios, en los últimos años se ha introducido el de la ciudadanía, según del cual la atención de salud no es un producto, ni un privilegio ni un objeto de caridad sino un derecho social. De acuerdo con este nuevo equilibrio, se reconoce la influencia de los factores extrasectoriales y la necesidad de basar las estrategias y los objetivos en una relación armoniosa entre el Estado, la sociedad y el individuo. Como parte de la fundamentación de su argumento principal, los autores esbozan sintéticamente el contexto de salud de América Latina basado en las estadísticas disponibles, al tiempo que señalan que en el marco de esas condiciones, la mayoría de los gobiernos de América Latina asumen la voluntad política de mejorar las condiciones de salud de sus pueblos. Voluntad que se ha traducido en la formulación de programas y en la asignación de recursos. Para tomar esas decisiones los gobiernos se han enfrentado a una serie de dilemas entre cuyos términos debieron elegir o establecer un compromiso, de acuerdo con sus recursos y necesidades nacionales. El artículo presenta siete de esos dilemas: 1) cobertura universal de atención primaria frente a atención médica especializada; 2) medicina preventiva frente a medicina curativa; 3) programas urbanos frente a programas rurales; 4) desarrollo social frente a atención directa a los problemas de salud; 5) servicios excesivos de salud para los asegurados frente a servicios básicos de salud para todos; 6) importancia dada a la patología del desarrollo frente a la patología del subdesarrollo, y 7) programa para la población general frente a programas para grupos especiales. Ninguno de los dilemas enunciados se presta a soluciones sencillas, sin embargo, su análisis es imprescindible para que los recursos se asignen sobre la base de principios políticamente satisfactorios y éticamente justificables