Plan nacional de prevención de embarazos en adolescentes en Guatemala: PLANEA 2018 - 2022 / Title: National plan for the prevention of teenage pregnancies in Guatemala: PLANEA 2018 - 2022

El presente plan busca definir un modelo de intervención interinstitucional, que toma las recomendaciones internacionales y propone una forma de abordar algunas de ellas con el fin de formular una acción integrada para resolver esta problemática. En él cita que, el embarazo adolescente es resultado de la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación, la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que incluya la provisión de anticonceptivos, baja escolaridad, dificultades para el acceso a educación integral en sexualidad adecuada a la edad (en la escuela y comunidad), opiniones y valoraciones negativas sobre las niñas, adolescentes y las mujeres. Además señala que, a nivel mundial, el 11% de los nacimientos proceden de madres adolescentes, de los cuales el 95% ocurre en países en desarrollo (OMS, 2012). La región de América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes del mundo (75.67 por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años). En Guatemala se ha reportado un registro de embarazo en mujeres menores de 20 años desde el 2009, que correspondía al 18%, y que presentó un incremento en el 2012 al ubicarse en 22%. Estas cifras, que para el 2016 continúan aún en un 18% (INE, 2016b), se sitúan en la media establecida de la región (18%).

Protocolo de intervención para garantizar el derecho a la salud, la integridad y la vida de niños y niñas con desnutrición aguda, en casos de falta de consentimiento para tratamiento médico y nutricional / Intervention protocol to guarantee the right to health, integrity and life of children with acute malnutrition, in cases of lack of consent for medical and nutritional treatment

Es necesario un análisis de las causas de las demoras para poder coordinar una respuesta social organizada, de índole multisectorial, que procure preservar el derecho a la salud del niño y el bienestar integral de la familia. Esta respuesta debe incluir plazos, lineamientos y responsabilidades bien definidos para los actores involucrados . El protocolo pretende dar respuesta a los casos en los que padres o responsables niegan la autorización para que el niño pueda recibir servicios de salud necesarios, con el objeto de recibir el tratamiento integral en caso de desnutrición hasta lograr su recuperación nutricional. Presenta, además, la respuesta social organizada, a manera de apoyar el abordaje de las causas que la generan, lo cual condiciona la toma de decisiones de los padres o responsables en recurrir a los servicios de salud necesarios. En él, se describe la vía administrativa y judicial a la que puede recurrir el funcionario que detecta el caso, cuando así lo amerite. Las respuestas posibles a estos casos pretenden ser lo más adaptadas a situaciones familiares difíciles, incluso en casos en los que existen elementos delictivos que derivan en la falta de consentimiento de los padres o responsables. El protocolo pretende hacer prevalecer el interés superior del niño para su recuperación integral.