RESUMEN
El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNyA) es una de las vulneraciones más graves de derechos contra la niñez y adolescencia y constituye un problema social, de salud y de justicia La magnitud del problema se ve en los números. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que las denuncias por violencia sexual representaron un 10% del total de las denuncias recibidas durante el 2019. En los casos de violencia sexual contra NNyA el porcentaje asciende a un 12%. En esta misma línea, del total de los casos que atendió el Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, el 56,82% de los casos eran de NNyA1 (10.043 niñas, niños y adolescentes). Por otro lado, han ocurrido avances no sólo legislativos sino también institucionales y de gestión para mejorar el abordaje en estas situaciones, que incorporen de manera concreta procedimientos para proteger los derechos y la igualdad de género. Se cuenta, en este sentido, con protocolos de salud e intersectoriales, tanto a nivel nacional como provincial, que establecen estándares de atención para casos de abusos contra NNyA. Sin embargo, a partir de nuestra investigación2 constatamos que no existía un protocolo que permita estandarizar la articulación entre la actividad forense y clínico-asistencial, para la recolección, resguardo, preservación y cadena de custodia de evidencia biológica. El presente protocolo busca establecer criterios de trabajo y una metodología consensuada en materia probatoria respecto de los delitos sexuales contra NNyA. Fija estándares adecuados para la recolección, resguardo y preservación de la evidencia biológica, y enfatiza la importancia de que la toma de muestras se haga en forma oportuna en el marco de un abordaje integral de la situación, para así evitar la revictimización. Este protocolo modelo considera distintos escenarios según los recursos humanos y materiales disponibles en el lugar de la evaluación, y describe las condiciones mínimas para garantizar una evaluación adecuada que incluya el resguardo de la evidencia. En este sentido, este protocolo modelo pretende destacar la importancia de la participación del sector salud en articulación con el sector judicial, pues es usual que las víctimas llegan primero al ámbito asistencial sanitario y, por lo tanto, se requiere dar una respuesta estructurada en tres ejes esenciales: eficiencia, evitar la revictimización y el resguardo, cadena de custodia y documentacion de las muestras. De esta forma, se pretende dotar a todo el examen inicial de una visión asistencial que también pueda ser eficiente desde el punto de vista pericial.
Asunto(s)
Humanos , Masculino , Femenino , Niño , Adolescente , Estándares de Referencia , Abuso Sexual Infantil , Violencia Doméstica , Humanos , Niño , Adolescente , Guías como Asunto , Metodología como un Tema , Equidad de Género , Derechos HumanosRESUMEN
RESUMEN Objetivos . Estimar la frecuencia y los factores asociados a la violencia laboral externa tipo amenaza (VLETA) contra médicos en servicios de salud hospitalarios de Lima Metropolitana, Perú. Materiales y Métodos Se desarrolló un estudio transversal analítico que incluyó médicos del Ministerio de Salud (MINSA), la Seguridad Social (EsSalud) y el subsector privado. Se midió la frecuencia de VLETA durante toda la práctica profesional, en los últimos doce meses y en el último mes. Se midieron variables relacionadas al médico, al agresor y al servicio de salud. Se estimaron razones de prevalencia (RPs) cruda y ajustada mediante un modelo lineal generalizado familia Poisson con bootstrap no paramétrico. Resultados . Participaron 406 médicos. El 31,5% fueron víctimas de VLETA al menos una vez durante su práctica profesional; 19,9% en los últimos doces meses y 7,6% en el último mes. La probabilidad de ser amenazado en los últimos doce meses aumentó si el médico era varón (RPa:1,7;IC95%:1,1-2,8), egresado de una universidad peruana fuera de Lima Metropolitana (RPa:1,5; IC95%:1,1-2,4), laboraba en MINSA (RPa:7,9;IC95%:2,24-50,73) o en EsSalud (RPa:8,68; IC95%:2,26-56,17), y atendía en emergencia (RPa:1,9;IC95%:1,2-3,6) o en sala de operaciones (RPa:1,6 IC95%:1,1-2,3). La edad, los años de práctica profesional o ser médico residente no se asociaron a VLETA. Conclusiones . En los hospitales estudiados, una alta proporción de médicos ha sido víctima de VLETA. Laborar en servicios públicos aumenta dicha probabilidad. Se sugiere implementar estrategias de prevención primaria, identificación y soporte en los establecimientos hospitalarios.
ABSTRACT Objectives . To calculate the frequency and factors associated with external workplace violence (EWV) against doctors in health inpatient services in the metropolitan area of Lima (Spanish: Lima Metropolitana), Peru. Materials and methods . A cross-sectional analytic study, which included doctors from the Ministry of Health (MINSA), Social Security (EsSalud), and the private subsector, was carried out. The frequency of EWV was measured throughout the entire professional practice during the previous 12 months and during the last month. Variables related to the doctor, assailant, and health service were measured. Raw and adjusted prevalence ratios (PR) were calculated by means of a Poisson-family generalized linear model with non-parametric bootstrapping. Results . A total of 406 doctors participated; 31.5% were victims of EWV at least once during their professional practice, with 19.9% over the past 12 months and 7.6% during the last month. The chances of being threatened in the last 12 months increased if the doctor was male (adjusted PR [aPR]: 1.7; 95% confidence interval [CI] = 1.1- 2.8), had graduated from a Peruvian university outside of the metropolitan area of Lima (aPR: 1.5; 95% CI = 1.1-2.4), worked at MINSA (aPR: 7.9; 95% CI = 2.24-50.73) or EsSalud (RR: 8.68; 95% CI = 2.26-56.17), and worked in the emergency (aPR: 1.9; 95% CI = 1.2-3.6) or operating room (aPR: 1.6; 95% CI = 1.1-2.3). Age, years of professional practice, or being a medical resident were not associated with EWV. Conclusion . In the hospitals studied, a large number of doctors have been victims of EWV. Working in public services increases the possibility of violence. Implementation of support, identification, and primary prevention strategies in hospitals is recommended.