Movilización social y retos para la universidad en la Colombia del siglo XXI

ABSTRACT

Durante la primera mitad del año 2021, Colombia vivió un estallido social sin precedentes en su historia reciente, el cual superó, incluso, a las movilizaciones de los años 70 del siglo pasado (1, 2). Analistas coinciden en afirmar que esta expresión de inconformidad de la ciudadanía, que salió a las calles a manifestarse a pesar del riesgo ligado a la pandemia por la COVID-19, evidencia la gravedad de los problemas sociales no resueltos y acumulados por varias décadas en el país (3, 4). Pero, ¿qué elementos nucleares generaron este estallido social en Colombia? La respuesta, aunque quizá parcial, recoge el rechazo a dos propuestas gubernamentales de reformas legislativas. La primera, una propuesta de reforma tributaria que buscaba imponer más impuestos a elementos de la canasta básica de consumo de todos los hogares y, la segunda, una reforma al sistema de salud que profundizaba el modelo de aseguramiento privado con ganancias consistentemente altas para los aseguradores, mientras se profundizan las inequidades y barreras de acceso a servicios de calidad. Además, la reforma al sistema de salud proponía colocar un énfasis mayor en la responsabilidad individual, es decir el ‘autocuidado’, so pena de mayores obstáculos a la hora de utilizar los servicios de salud. Si bien, se podría decir que el rechazo a estas dos propuestas fallidas de reformas fueron el detonante inicial de las manifestaciones, en estas, también, fueron reivindicadas preocupaciones de más largo aliento. Algunas de estas son la necesidad de acciones de justicia frente al asesinato sistemático de líderes sociales;el cumplimiento de varios aspectos del Acuerdo de Paz que aún no se materializan;mejoras de las condiciones laborales de muchos trabajadores del país, incluyendo los del sector salud;apoyo a la educación con una mayor financiación a la universidad pública, para así garantizar acceso a más jóvenes a una educación de calidad;un manejo de la pandemia y vacunación contra la COVID-19 libre de corrupción y en general, políticas sociales que contribuyan a la movilidad social, y no solo como ayudas focalizadas que no rompen el círculo de la pobreza. Frente a este panorama de explosión social, la respuesta del gobierno, desafortunadamente, fue prevalecer la represión de las protestas, lo que provocó varios enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas militares y de policía. Varias organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos se han manifestado en contra de esta violenta represión que desencadenó la muerte de varios manifestantes y numerosas denuncias de desapariciones, censura y agresiones físicas y sexuales (5, 6). Así pues, la realidad colombiana actual es muy compleja, pues combina las consecuencias sociales y de salud de la pandemia, que han profundizado brechas crónicas en un contexto de inequidad y exclusión, con dinámicas de violencia aún vivas del conflicto armado de larga duración. En ese sentido, este estallido social puede leerse como un llamado urgente a la creación de mecanismos de participación ciudadana que en los territorios permitan la formulación de estrategias, programas y políticas encaminadas a garantizar condiciones de vida digna para todos los ciudadanos de este país, uno de los más inequitativos de Latinoamérica, la región más inequitativa del mundo (7, 8). En el diseño e implementación de estas estrategias y políticas en clave de, entre otros aspectos, salud, educación y trabajo, la universidad deberá jugar un papel trascendental. En efecto, ante la movilización social, la universidad no fue y no ha sido indiferente. La gran mayoría de estudiantes, tanto de instituciones educativas públicas como privadas, aunque especialmente del sector público, se unieron a las movilizaciones, por lo cual la reivindicación del derecho a la educación pública de calidad en todos los niveles se posicionó como punto clave en las manifestaciones. Así, con respecto a esta realidad, cabe reflexionar alrededor de los siguientes interrogantes ¿qué papel debe jugar la universidad en general, y la pública en particular, ante estas situaciones? y ¿qué fines debe perseguir la formación ofrecida a los futuros odontólogo-as ante dicha realidad? Diversos autores plantean que la universidad debe contribuir a la solución de los problemas sociales propios de su contexto, a la construcción de sociedades justas y respetuosas de los derechos humanos. De esta forma, este podría ser el camino para resignificar la dimensión ética como fundamento de profesionales integrales y de un ethos civil basado en el pensamiento crítico, promover en los estudiantes la toma de conciencia frente a las realidades sociales, políticas, profesionales y ambientales que circundan a los humanos y sus quehaceres y fomentar avances en el ejercicio participativo de la ciudadanía, para que en la medida de las posibilidades se pueda contribuir a una mejor sociedad (9-11). Por lo anterior, en Colombia, la crisis actual y el estallido social exigen que en la universidad nos ocupemos de estas reflexiones bioéticas y elaboremos propuestas en pro del bien común, el buen vivir y la vida felicitante, trayectos que sin duda aportarán a la transformación y deconstrucción de nuestra sociedad.