ABSTRACT
There is a growing trend of nation states invoking national security and emergency declarations to build state-sponsored infrastructure projects for border defense, energy production, and transportation. Established laws, regulations, and agreements for the protection of nature and cultural heritage within and between countries are becoming secondary to national security, compromising the function of protected areas, such as national parks, wilderness areas, and biosphere reserves that safeguard biodiversity, climate, and human health. We considered cases where decades-long multinational cross-border endangered species recovery programs have been jeopardized by waivers of environmental protection laws to facilitate rapid construction of border barriers that impede the movement and migration of animals, such as at the US-Mexico and Poland-Belarus borders. Renewable energy megaprojects, such as the Pinacate solar plant in Mexico, coupled with power transmission lines and road networks likewise cast a large footprint on the land and are being carried out with minimal to no environmental compliance under the guise of national security. National sovereignty likewise has been used as justification for bypassing laws to proceed with similar projects, such as Mexico's Dos Bocas refinery and Poland's Vistula Spit canal. Emphasis on security is also apparent in increasing military expenditure by the world's largest economies, which has created a mismatch with improvement in environmental policy stringency. Decisions to prioritize security can undermine democratic principles and environmental review protocols, trivialize humanity's dependence on functioning ecosystems, and contradict the United Nation's resolution on the human right to a healthy environment. Framing infrastructure projects as matters of national security also foments civil and political unrest by the labeling and casting of dissenters, including conservation scientists and environmental defenders, as antinational. World leaders must refrain from misusing extraordinary powers, adhere to laws and international agreements, and consult experts and local people before taking unilateral action on projects that affect ecological and human communities.
Amenazas para la conservación a partir de los intereses nacionales de seguridad Resumen En los países existe una tendencia creciente por invocar la seguridad nacional y las declaraciones de emergencia para construir infraestructuras financiadas por el estado para la defensa de las fronteras, producción de energía y transporte. Las leyes, regulaciones y acuerdos establecidos para la protección de la naturaleza y el patrimonio cultural dentro y entre los países se están relegando por la seguridad nacional, lo que compromete la función de las áreas protegidas (parques nacionales, áreas silvestres y reservas de la biósfera) que resguardan la biodiversidad, el clima y la salud humana. Consideramos los casos en donde se han puesto en peligro los programas longevos y multinacionales de recuperación de especies en peligro por las exenciones a las leyes de protección ambiental para facilitar la construcción rápida de barreras fronterizas que impiden el movimiento y la migración de animales, como es el caso de las fronteras entre EU y México y Polonia y Bielorrusia. Los megaproyectos de energía renovable, como la planta solar del Pinacate en México, en conjunto con las líneas de transmisión eléctrica y las redes de carreteras también dejan una gran huella sobre la tierra y se realizan con el mínimo o ningún cumplimiento bajo el aspecto de la seguridad nacional. La soberanía nacional también se ha usado para justificar la omisión de las leyes para proceder con proyectos similares, como la refinería de Dos Bocas en México y el canal Vistula Spit en Polonia. El énfasis sobre la seguridad también es evidente con el incremento del gasto militar de las mayores economías mundiales, lo que ha creado una desigualdad con las mejoras en la exigencia de la política ambiental. Las decisiones para priorizar la seguridad pueden debilitar los principios democráticos y los protocolos de revisión ambiental, banalizar la dependencia de la humanidad por los ecosistemas funcionales y contradecir la resolución de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a un ambiente saludable. Cuando se denominan los proyectos de infraestructura como asuntos de seguridad nacional, también se fomenta el malestar civil y político al etiquetar como antinacionales a los disidentes, incluidos los defensores ambientales y los científicos de la conservación. Los líderes mundiales deben abstenerse de usar indebidamente los poderes extraordinarios, adherirse a las leyes y acuerdos internacionales y consultar con expertos y personas locales antes de actuar de forma unilateral en cuanto a proyectos que afectan las comunidades humanas y ecológicas.
